La República, 28 de febrero de 1985
Ciencia, Universidad y política
Según las estimaciones de la UNESCO, en 1974 existían en América Latina y el Caribe 179 científicos e ingenieros por cada millón de habitantes (en América del Norte existían entonces 2,368 y 4,641 en la URSS). En lo que respecta a la distribución por disciplina, en América Latina, en 1978 se graduaron 64% en ciencias sociales, 3% en ciencias exactas y naturales, 14% en ingeniería, 4% en ciencias médicas y 1% en otras ramas.
La innegable trascendencia de la ingeniería y la ciencia en el desarrollo del país nos hace pensar, a la luz de los datos anteriores, que en América Latina es general y en el Perú en particular, existen muy pocos ingenieros y científicos que afronten las necesidades del desarrollo. Dicha carencia, síntoma y causa de nuestro bajo desarrollo se agudiza en la composición de la dirigencia política: la mayoría de los candidatos presidenciales son abogados.
La conocida discreción del trabajo del investigador científico tecnológico no favorece su participación en el debate nacional. Sin embargo, cuando dicho trabajo se realiza en el seno de la universidad, la nación es beneficiada con el producto de la investigación, con la formación de nuevas generaciones de tecnólogos y científicos, y sobre todo con la participación de los investigadores en el debate para la concepción del proyecto nacional.
Es claro que la participación de los ingenieros y científicos no es suficiente para obtener una adecuada política científico-tecnológica. Se requiere de un ente estatal que coordine y apoye las actividades de investigación. El gobierno actual ha creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para luego ubicarlo dentro del sector Educación, eliminando casi completamente la posibilidad de su necesaria influencia multisectorial.
En ocasión del Fórum sobre Ingeniería y Ciencia para el Desarrollo Nacional, el Ing. Mario Samamé criticó, muy claramente, el abandono de la investigación por parte del gobierno, en las universidades y en los institutos de investigación. El Presidente de la República, incapaz de dar una respuesta adecuada, se refirió al Inca Gracilazo de la Vega y Jorge Basadre como ejemplos de sacrificio y austeridad, que deben seguir, dijo, los investigadores de esta época.
Cabe preguntarnos si el mencionado abandono de la investigación se debe a la falta de participación de los directamente interesados en la toma de decisiones gubernamentales. Izquierda Unida tomó en ese sentido una decisión que origina expectativas en la comunidad universitaria, científica y tecnológica, incluyendo en su lista de candidatos al Senado a un científico y profesor universitario, el doctor en física, Benjamín Marticorena. El Dr. Marticorena desempeñó los cargos de dirigente estudiantil, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de Ingeniería, presidente de la Asociación de Profesionales Nucleares del IPEN, director de las revistas Informe Nuclear e Investigatoria, profesor de la Universidad Ricardo y la Universidad San Marcos, presidente del comité organizador del forum sobre Ingeniería y Ciencia para el Desarrollo Nacional, siendo a la vez profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería.
En el Senado, la amplia experiencia del Dr. Marticorena
sería beneficiosa no sólo para la universidad y los institutos
de investigación, sino también para la comunidad, puesto que
su trayectoria ha sido siempre acompañada por la voluntad de poner
la ingeniería y la ciencia al servicio del país.