La República, 09 de agosto de 1993

No al olvido

Cada uno ve la Constitución según su particular óptica. Por ello, los investigadores científicos y tecnológicos ven con profunda preocupación la desaparición del artículo 40 de la Constitución del 79, que tímidamente se refería al estímulo que la ciencia merece por parte del Estado. ¿Significará ello la desaparición formal de la preocupación por la ciencia y la tecnología que debe tener el Estado?

El presidente Fujimori ha señalado en varias oportunidades que la Constitución no debe ser “ni lírica ni demagógica” y que debe contener ideas y voluntades factibles de concretar. De modo que las actividades de ciencia y tecnología aparecerían como las sacrificadas en aras del pragmatismo.

Se podría pensar que no es necesario que aparezca todo en la Constitución, siendo suficiente una Ley específica. La verdad es que toda la Ley necesita estar de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución. Es más, para sustentar un proyecto de Ley, la base constitucional es imprescindible. Para ver más claro, constatemos que en la nueva Constitución –en pleno debate- la investigación científica tecnológica aparece como una obligación de la Universidad. Podríamos pensar que la naturaleza misma, reconocida por todo el mundo, se levanta sobre los pilares de la investigación. De modo que hacer mención de esa naturaleza podría resultar ocioso. Pero, y en ello todos están de acuerdo, es bueno que esta obligación aparezca en la Carta Magna, como ratificando el reconocimiento de la tarea obligatoria de la Universidad.

Sin embargo, el pasar por alto un artículo que obligue al Estado a promover y desarrollar la ciencia y tecnología, deja casi sin efecto el que hace referencia a la investigación en la Universidad. ¿Cómo puede realizar investigación la Universidad, si el Estado no le entrega los recursos para la Investigación?

Creo que si no se dan los medios para cumplir los mandatos de la Constitución, se estaría repitiendo la imagen de la letra muerta. En ese mismo sentido, podríamos decir que no sólo se debe señalar la gratuidad de la enseñanza superior, sino que el Estado debe entregar los recursos para que ello sea posible. De lo contrario, usando los términos presidenciales, una enseñanza gratuita en universidades sin laboratorios, con profesores mal pagados, forzados a buscarse el pan fuera del campus, constituye una burla.