El comercio /opinion/ 04 de noviembre de 1997

Ciencia y Tecnología en el Congreso

El Congreso de la República ha creado la Comisión de Ciencia y Tecnología, generando, de esa forma, expectativas en el futuro de esa actividad. Actualmente, el bajo nivel científico y tecnológico tiene como consecuencia un desequilibrio desfavorable entre las exportaciones de materias primas –cada vez más desvalorizadas- y las importaciones de productos tecnológicos –con un creciente valor agregado. Ello agrava la situación económica, mermando la capacidad de invertir en programas de investigación en universidades e institutos. De esa forma ha tomado cuerpo una perniciosa espiral que se trata de romper para empezar una etapa de recuperación.

El tema es antiguo y ha sido tratado en diversos foros. Desde 1989, la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (Sopecyt) inició una estrategia de mediano plazo. En 1990, ante la peligrosamente acentuada emigración de jóvenes científicos e ingenieros –quienes buscaban mejores condiciones de trabajo- la Sopecyt propuso al Presidente de la República el proyecto de “Ley de la carrera del investigador científico y tecnológico”.

A pedido del Presidente de la República, el proyecto fue perfeccionado en innumerables reuniones de trabajo en institutos y universidades. Asimismo, se promovió con éxito el reconocimiento en la Constitución que “es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico en el país”.

Por otro lado, se participó en la Comisión de Política Científica y Tecnológica (Compolcyt) de la Confiep, en cuyo seno se gestó un proyecto para la modernización de la industria y la investigación para la producción. En Compolcyt también surgió la idea de dotar al Congreso de una Comisión de Ciencia y Tecnología, propuesta que fue llevada por uno de sus integrantes, hoy congresista de la República.

Es indudable que el Estado debe promover el desarrollo científico y tecnológico, que es vital para la industria nacional, la que tiene que generar productos competitivos en un mercado abierto. Por ello, el sector privado debe participar en los órganos de decisión de políticas sobre el tema y el sustento de las mismas. Tomando en cuenta el consenso sobre urgencia de contar con un potencial humano de primer nivel, la comunidad científica y tecnológica viene proponiendo mecanismos que optimizarán los esfuerzos en ese sentido.

En la actualidad, las actividades científicas y tecnológicas se llevan a cabo en forma desarticulada. Los centros universitarios y los institutos especializados planifican sus trabajos de desarrollo sobre la base de las propuestas de los diversos grupos institucionales, sin un programa integral que tome en cuenta las potencialidades reales del país en un mundo globalizado. Además, los reducidos recursos y la falta de incentivos para los investigadores hacen de la investigación una actividad marginal, sin posibilidades de resultados significativos.

Para dar a la investigación el rol que le corresponde en un país moderno, es necesario crear el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sinacyt), con un directorio compuesto por representantes del sector privado y del Estado. Este directorio, en función de las realidades de un mercado globalizado, decidirá las prioridades de investigación aplicada. Una vez establecidas las grandes direcciones, el sistema tiene que asignar recursos suficientemente atractivos para que los investigadores orienten sus esfuerzos con esperanzas de llegar a buen fin.

Este sistema debe incentivar la formación de grupos de trabajo con investigadores de probada productividad y teniendo en cuenta la complementariedad de sus especialidades. Para ello el sistema debe integrar los esfuerzos de los diversos centros de investigación alrededor de objetivos claros. Además tiene que bajarse las barreras institucionales para generar equipos pluridisciplinarios y dinámicos. En ese marco, la carrera del investigador se aplicaría al caso de los científicos e ingenieros que participen en los proyectos decididos por el Sinacyt.

Vemos pues que el Congreso puede establecer un marco legal que active el desarrollo científico y tecnológico del país, lo que llevará –sin lugar a dudas- a mejores condiciones de vida de los peruanos del siglo XXI.