España y una nueva Ley de Ciencias con énfasis en la carrera del investigador Escribe Modesto Montoya (*) |
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En la presentación [2] de este anteproyecto se señala que en los años 80s se tomó en cuenta la modernización empresarial, desarrollo de las comunidades autonómicas, la integración en la Unión Europea y la evolución del entorno científico global. A partir de los años 90s se hizo planes de I+D+i. A partir del 2005 se apuesta por el cambio del modelo productivo. Los nuevos retos que se plantea en esa presentación, a partir del 2010, son:
En cuanto a la carrera científica atractiva y competitiva, “ésta debe ser estable, basada en méritos y capaz de atraer y retener talento”. Para ello, en lugar de becas “se establecerá contratos con todas las prestaciones sociales, nuevos procedimientos de acceso al empleo público para doctores, nuevas escalas para los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y nuevos contratos para investigadores distinguidos. Además se eliminan las barreras de movilidad dentro del sistema público (OPIs, universidades) y entre público y privado.”
El cambio hacia la economía basada en el conocimiento se complementa a la Ley de Economía Sostenible en la que ya considera la “creación de empresas de base tecnológica desde el sector público, regulación flexible y abaratamiento de los costes de patentes, compromiso con la compra pública innovadora, beneficios fiscales a la innovación”. Además se introduce mejoras adicionales en el ámbito del tejido productivo, mediante “estrategia Estatal de Innovación para la creación de un entorno favorable a la misma, estatuto de Joven Empresa Innovadora: apoya la consolidación de empresas de base tecnológica, mejora de los mecanismos de cooperación público privada, de la movilidad entre sector público y privado y reconocimiento de los méritos de transferencia de tecnología”. Los elementos del anteproyecto considerados “novedosos que la sitúan en la vanguardia internacional” son “medidas para crear una situación de igualdad efectiva de género (en la propia normativa, como objeto de investigación y promoviendo el uso del conocimiento como instrumento contra la discriminación), difusión universal del conocimiento generado con fondos públicos (publicación “en abierto”), reconoce la cooperación científica al desarrollo como actividad propia de los investigadores, promueve la divulgación y la cultura científica así como una mayor participación ciudadana en los ámbitos de la ciencia y la innovación, favorece la internacionalización de nuestro sistema de ciencia y tecnología (aportación /retorno PM), creación de centros de investigación en el extranjero”. Según un borrador del anteproyecto Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tomado como referencia por el país el 23 de febrero del 2010 [3], en la primera parte de la Exposición de Motivos se señala que “La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para el progreso de la sociedad española y su desarrollo ha sido clave para la convergencia económica y social de España en el entorno internacional. Este desarrollo —propiciado en gran medida por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica— ha permitido a la comunidad investigadora española, en sólo tres décadas, ascender veinte posiciones en la clasificación global hasta convertir a España en la novena potencia en materia de producción científica. La ciencia española aborda actualmente el reto de su consolidación e internacionalización definitiva, partiendo de una posición que difícilmente podía preverse en el año 1986 y que, siendo consecuencia de las políticas públicas desarrolladas desde la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, es sobre todo un éxito de la propia comunidad investigadora que ha mostrado durante estos años un elevado grado de compromiso y capacidad de trabajo. |