Con vista al CADE 2010, una serie grupos de académicos y empresarios se han estado reuniendo para proponer políticas que impulsen un tema tan urgente como desconocido en el Perú: la innovación.
La primera conclusión a la que se llegan todos es que la innovación es imprescindible para un país competitivo. A pesar de ello, el Perú no parece haber hecho lo necesario. Según los datos del World Economy Forum (2009 – 2010), de 133 países, el Perú ocupa los poco honorables puestos siguientes: 109 del ranking de innovación, 84 en capacidad de innovación, 90 en gasto en investigación y desarrollo (I&D), 101 en disponibilidad de científicos e ingenieros, 104 en colaboración Universidad y Empresa en I&D y 118 en calidad de instituciones de investigación.
La innovación se da en bienes, servicios, procesos, métodos de comercialización, métodos organizativos de una empresa. Varios autores han demostrado que la inversión en I&D es más rentable que en otros sectores, como comercio y construcción.
La innovación es necesaria para elevar el bienestar humano, con todo lo que eso significa. Los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas han tenido impactos en la salud y en la calidad de vida en general.
Una primera aproximación del nivel de bienestar de un población la da el PBI per cápita. A principios de los años 80, el Perú tenía aproximadamente el mismo PBI per cápita que Chile (aproximadamente 6 000 dólares), mayor que Corea ( 5 000 dólares) y muchísimo mayor que China. Las proyecciones al 2014 igualan Perú y China (aproximadamente 8 000 dólares) pero lo dejan muy por debajo de Chile (14 000 dólares) y, sobre todo, de Corea (28 000 dólares).
El despegue de Corea ha sido explicado por sus políticas públicas en educación, ciencia y tecnología. En ese mismo análisis, el retraso del Perú es explicado por el inexplicable desdén con el que se ha tratado esos mismos sectores.
Lo más grave es que no sólo se trata del bajo presupuesto que se le asigna a la ciencia y la tecnología: el problema es que el tema parece ajeno a los que deciden las políticas públicas. Un ejemplo es el canon minero, el que por las absurdas normas no se puede utilizar para nombrar científicos e ingenieros de primer nivel para hacerse cargo de proyectos prioritarios. Otra barrera la constituyen las cláusulas de austeridad (a pesar de que se señala que estamos creciendo) que prohíben repatriar nuestros talentos para ingresar a los institutos de investigación.
El resultado de este imperdonable descuido nos ha colocado en la cola latinoamericana, junto con Bolivia, en el promedio -entre 1990 y 2003- del número de patentes por millón de habitantes (0.5), lejos de Brasil (17.1). Chile (2.8), el país al que tanto algunos quieren emular, está más cerca del Perú que de Brasil. Lo mismo puede decirse de Argentina (6.9).
Una pregunta elemental salta naturalmente. ¿Qué ha hecho Brasil para lograr tan envidiable resultado? La respuesta también es elemental: cuenta políticas públicas de ciencia y tecnología, propuestas y ejecutadas por un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entre las políticas públicas más importantes está la del tratamiento especial del el potencial humano. Brasil se ha dotado de una ley que rige la carrera de los científicos e ingenieros, aplicada en todos sus centros de investigación.
En el Perú se requiere un ministro que rinda cuenta de la marcha de un sector tan importante como urgente, en momentos que estamos jugando los descuentos de un partido por la baja a la liga de países inviables, alegres por el momentáneo alto precio de los milenarios productos mineros.
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