Ciencia y tecnología: exceso burocrático y embalse de recursos

Escribe Modesto Montoya
Red Internacional de Ciencia y Tecnología

Cuando afirmamos que es necesario optimizar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT) un analista reaccionó diciendo "no se puede optimizar miseria". Cuando planteamos la necesidad de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, el mismo analista reacciona diciendo que ello crea burocracia. La verdad es que la falta de ese ministerio, con una política coherente, multiplica la burocracia para repartir reducidos fondos como es el caso del FONDECYT y FINCYT. Desde el 2007 el FINCYT ha administrado 36 millones de dólares, 25 de los cuales proviene de préstamo del BID. FONDECYT, cuyos objetivos incluyen los del FINCYT, ha administrado menos de 7 millones de dólares provenientes de recursos nacionales.

La falta de un ministerio que señale un norte a la ciencia y tecnología ha permitido el caos burocrático y un desaprovechamiento de recursos económicos nacionales (que no generan endeudamiento). Sonia Arce, ex Gerente de Regiones y Desarrollo de PROMPEX, hoy PROMPERÚ, es clara al respecto. Veamos las explicaciones de Sonia Arce (Revista Agronoticias Nro 364 – Abril 2011).

Mucho se dice que el Estado no invierte en investigación, lo cual no es cierto, tal como se puede deducir de las siguientes cifras:

El 25% del canon y el sobrecanon por explotación de los recursos naturales es transferido a los gobiernos regionales, los cuales —a su vez— transfieren el 20% de lo recibido a las universidades públicas, monto que equivale al 5% del canon recaudado en escala nacional, exclusivamente para la ejecución de trabajos de investigación científica y tecnológica que potencien al desarrollo regional. Los rubros prioritarios son: salud pública y prevención de enfermedades endémicas; sanidad agropecuaria, preservación de la biodiversidad y el ecosistema, utilización eficiente de energías renovables y optimización de procesos productivos.

Pero ocurre que un alto porcentaje de estos recursos permanece sin uso en las cuentas bancarias de las universidades, por la existencia de trabas administrativas, entre las que destacan las siguientes: 1) Los proyectos respectivos deben ser aprobados por funcionarios metropolitanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los cuales no conocen mayormente las necesidades y potencialidades prioritarias de las regiones, y 2) La Ley de Presupuesto impide que se paguen remuneraciones y retribuciones de cualquier índole con cargo a dichos fondos, lo que desincentiva a los investigadores. Como consuelo, desde el 2009 se está permitiendo que hasta el 30% de esos recursos también pueda ser aplicado en infraestructura y equipamiento de las universidades. Pero el problema mayor subsiste.

Entre los años 2005 y 2010, los fondos del canon y el sobrecanon transferidos a los gobiernos regionales —sin considerar el canon petrolero (que se asigna a pocas regiones), ni las regalías mineras y el FOCAM (que el MEF transfiere directamente a las universidades)— ascendió a 6,151 millones de nuevos soles, según figura en el portal Transparencia Económica del MEF.

Entonces, los gobiernos regionales deben de haber transferido a las universidades nada menos que 1,230 millones de nuevos soles; pero los efectos de esta notable inyección económica no se perciben en el desarrollo tecnológico de las regiones, debido —principalmente— a los problemas ya señalados.
Ante ello, la propuesta es modificar las leyes del canon y de presupuesto, para posibilitar el uso —en investigación e innovación— de los cuantiosos recursos acumulados por las universidades, incluyendo un determinado porcentaje para el pago de bonificaciones a los docentes por investigación y de honorarios a investigadores no docentes, así como para el financiamiento de tesis universitarias por concurso.

De lo dicho por Sonia Arce, queda evidente que no es recursos lo que falta para la ciencia y la tecnología. Lo que se necesita es un Ministerio que aplique políticas que permita usar los recursos